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Política Aportes de campaña: “honestismo” primera víctima del fuego amigo  En Cambiemos miran a Frigerio en la hipótesis de una interna como origen de la crisis. Desconfianza judicial y tiempos en la mira por posibles impugnaciones a candidatos 2019. “Efecto bumeran” de nueva ley para campañas.
Las investigaciones con mayor impacto político suelen tener origen en filtraciones. Y el protagonista excluyente es el "fuego amigo" que se dispara con la mira puesta en la pelea interna, aunque se desconozca el alcance final de los episodios que adquieren su propia dinámica. De ello pueden dar cuenta Amado Boudou con el caso Ciccone y Lázaro Báez con sus incursiones financieras en "La Rosadita" como ejemplos del kirchnerismo. El escándalo por los múltiples falsos aportantes a la campaña de Cambiemos que apunta hacia la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal no escapa a esa lógica y el daño que puede provocar en quien suena como eventual recambio presidencial está siendo también mensurado por los tribunales, encargados del destino de las tres causas abiertas. Los tiempos de resolución de los expedientes en manos de la Justicia comienzan ahora a tener un rol clave en las aspiraciones políticas de los involucrados. Pero un efecto inesperado podría salpicar a la oposición si prospera el subterfugio de aprobar una ley más estricta para el financiamiento electoral que tenga como contracara la habilitación explícita para que lo hagan las personas jurídicas: hoy las empresas destinan grandes sumas de dinero a las campañas y son los recaudadores los que les asignan una vía de ingreso que les permita sortear la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
Tras el primer cimbronazo, los ojos de los operadores oficialistas se posaron en la búsqueda de los responsables y pese a la tentación de señalar al jefe de Gabinete Marcos Peña -por antecedentes de juego interno-, la cuestión fue desechada. "¿Qué ganaría con exponer y desgastar al sello Cambiemos y a Mauricio Macri"?, se preguntaron desde las filas oficialistas. Por esto es que algunos sectores comenzaron a mirar al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los hombres más cercanos al armado electoral a nivel nacional de Cambiemos y enemigo -junto a Emilio Monzó- de Vidal, en la puja de poder dentro de la "mesa política" de Macri. Si fuera por ella, ambos quedarían raleados. La misma hipótesis manejan en el PJ bonaerense, para los que el "fuego amigo" responde a luchas internas de poder de la coalición gobernante, cuya primera víctima, la contadora María Fernanda Inza cauterizó un posible impacto en Federico Salvai, jefe de Gabinete y armador de Cambiemos en suelo bonaerense. "No vamos a apañar a nadie" fue la sugestiva frase de Frigerio al referirse a los aportantes fraguados que removió intrigas.
La faceta judicial tampoco asoma como sencilla: en las tres causas abiertas por el affaire que involucran delitos electorales pero también la sospecha de lavado de dinero, el Gobierno desconfía de los magistrados a cargo. Al platense Ernesto Kreplak lo identifican como exfuncionario del kirchnerismo, pese a que el juez mantuvo un bajo perfil. Del fiscal federal Jorge Di Lello a cargo de la investigación preliminar no guardan expectativas por su origen peronista. El ANSES demora el informe que solicitó para cruzar los datos con posibles beneficiarios de planes sociales que reclamó al inicio de su investigación. Esperan que deba desprenderse de ella para girarla a territorio bonaerense. Pero más les preocupa Sebastián Casanello en Comodoro Py con la citación a medio centenar de "aportantes", cuyas fichas de afiliación fueron igualmente falsificadas, de acuerdo al informe de la Cámara Nacional Electoral. La sincronía con la que avanzaron los expedientes disparó las alertas de los operadores judiciales. No es casualidad que Alejandro Pérez Chada -abogado personal de Macri y fatigador de los pasillos tribunalicios- haya sido designado como defensor de Inza. Es conocido en los tribunales de Retiro como uno de los hombres encargados de cuestiones sensibles para la Casa Rosada en materia judicial. Más allá del parate hasta el fin de la feria de invierno, los tiempos comenzarán a jugar un rol preponderante: los delitos al Código Electoral que podrían escalar a figuras de peso dentro del PRO incluyen la inhabilitación para presentarse a elecciones.
La estrategia oficial será mitigar al máximo la posibilidad de que el expediente de Casanello se enfoque en posibles maniobras de lavado. Confían en que si Ariel Lijo pudo mantener durante una década el trámite de la causa que involucraba a Héctor Capaccioli como el recaudador de la campaña de Cristina de Kirchner con aportes de la mafia de los medicamentos en 2007, podría no haber plazos acuciantes para que lleguen malas noticias de los tribunales. Lijo los procesó a los involucrados en 2016 y un mes después la Cámara Federal confirmó los delitos y le encomendó seguir investigando.
La pregunta que se repiten en el oficialismo es por qué este tema les estalló en las manos ahora, si ya la Justicia electoral había detectado irregularidades de todo tipo en las elecciones presidenciales de 2015 (ver aparte), lo que motivó que los balances de ingresos y egresos fueran desaprobados. Al igual que todas las principales fuerzas políticas, si esa situación persiste no deberían recibir fondos estatales para los próximos comicios. El interrogante se amplía cuando en los corrillos políticos se mencionaba a Vidal como posible sucesora en caso de que la figura de Macri arribara al año próximo muy desgastada. La conclusión es que la mácula por el episodio sepultó al "honestismo" como uno de los estandartes de campaña del Gobierno, causa del impacto en la línea de flotación de Cambiemos.
Fuente: Ámbito
Lunes, 23 de julio de 2018
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