Compartimos el comunicado de la APP Chaco:

Desde la Asociación Pensamiento Penal – Chaco pensamos que las tecnologías que hoy se utilizan y proyectan expandirse para combatir la pandemia, deberían enfocarse para ampliar y garantizar derechos, nunca para restringirlos o violentarnos.


Así, ante las medidas prontas a implementarse por parte del gobierno provincial con fines de obtener la información precisa de los teléfonos para identificar la movilidad de los usuarios, creemos necesario que esas acciones de vigilancia sean diseñadas dentro de la legalidad, para poder conocer, cuál es su contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y qué mecanismos de control involucran. Entendemos, que el fin es proteger a la comunidad de la expansión del contagió de la Covid-19, garantizando el cumplimiento del A.S.P.O. (aislamiento, social, preventivo y de carácter obligatorio). Solo que, también creemos firmemente, que éstos métodos no deben ser utilizados sin el control democrático necesario; esto es: no invadir la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas al solo fin de descargar selectividad punitiva sobre ellos.

No nos es ajeno el conocimiento, que estas nuevas herramientas digitales vinieron para quedarse y oponerse al avance de las mismas es irrazonable, pero quizás estemos en un momento histórico para aprovecharlas al máximo en aras de garantizar derechos, entre ellos, posibilitar que las personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad – en condiciones insostenibles – puedan acceder a un arresto domiciliario o al cese de presión y así descomprimir la superpoblación carcelaria, ya que las pulseras electrónicas son mucho más costosas y la faltante de las mismas suele ser la excusa por excelencia para no otorgar aquellos derechos.

Asimismo, éstos nuevos métodos de vigilancia podrían utilizarse para garantizarle protección a las víctimas de violencias de género, convirtiendo el celular de la víctima en un botón antipánico, para simultáneamente usar la información del teléfono del agresor contra el que rige una medida de prohibición de acercamiento, a los fines de obtener su ubicación en tiempo real.
Las personas de la comunidad tenemos derecho a que se nos garantice que éstos métodos no serán utilizados para violentar nuestras garantías y derechos constitucionales y sí para abordar más eficazmente los problemas que nos aquejan.





Fuente: Chaco Día por Día