Polémica por las sanciones viales Fotomultas en el Chaco: entre la prevención y la recaudación  Desde el Gobierno chaqueño afirman que las infracciones buscan reducir accidentes; mientras abogados denuncian irregularidades y plantean su inconstitucionalidad. El sistema de fotomultas volvió a generar debate en el Chaco. Mientras el subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña Agenelli, defiende la validez de los radares y asegura que el mecanismo responde a estándares nacionales, el abogado Ricardo González Zund, especialista en Derecho Civil, advierte que muchas de estas sanciones son "irregulares" y de carácter puramente recaudatorio.
El contrapunto se da en un contexto donde numerosos conductores cuestionan la legalidad de las multas y plantean si realmente deben abonarse o si pueden ser impugnadas por vías judiciales. La discusión también incluye qué sucede cuando una fotomulta no se paga y cuáles son las consecuencias administrativas y legales que enfrenta el infractor.
Competencia y control
Acuña Agenelli explicó que tanto la Nación, como la Provincia y los municipios, tienen competencia para labrar multas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Aseguró que todo ciudadano que reciba una infracción que considere injusta "tiene garantizado el derecho a defensa", mediante la presentación de un descargo ante la autoridad correspondiente.
El funcionario destacó que los radares se instalan únicamente en puntos donde los informes de siniestralidad justifican su presencia, y que todos los equipos están homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). "Los controles disminuyeron un 23% la siniestralidad vial en la provincia", afirmó.
Qué pasa si no se paga una fotomulta
Según el subsecretario, las multas son sanciones pecuniarias vinculadas a una unidad fija, cuyo valor se actualiza de acuerdo con el precio del combustible. En caso de no pagarse, el Estado notifica nuevamente al infractor a través de la Dirección de Juzgamiento Administrativo.
Si la deuda persiste, el expediente se eleva a la Fiscalía de Estado, que puede iniciar un proceso de ejecución. "El sistema garantiza el debido proceso; nadie es sancionado sin notificación ni posibilidad de defensa", aclaró Acuña Agenelli, quien también reconoció que se verifican periódicamente los radares y la cartelería para evitar irregularidades.
Entre la legalidad y la percepción pública
González Zund denunció que detrás del sistema habría acuerdos entre municipios y empresas privadas que instalan los equipos a cambio de un porcentaje de las recaudaciones.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que las fotomultas reducen los accidentes y promueven el respeto por las normas, los cuestionamientos judiciales y las denuncias de irregularidades mantienen en vilo la confianza ciudadana.
Las autoridades recomiendan cumplir con el procedimiento legal y ejercer el derecho a defensa; los abogados, en cambio, instan a recurrir a la Justicia cuando las infracciones no cumplen con los requisitos formales. En el medio, los conductores chaqueños esperan que el sistema encuentre un equilibrio.
"Un sistema extorsivo e inconstitucional"
Desde una visión opuesta, el abogado civilista Ricardo González Zund sostiene que el sistema de fotomultas en muchos municipios "nació con un fin recaudatorio, no preventivo". Según su análisis, varias cámaras están ocultas o carecen de la señalización exigida por la ley, lo que vuelve nulas las sanciones.
Por su parte, Acuña Agenelli remarcó que cada radar debe estar correctamente señalizado con cuatro carteles: uno grande que advierte "radar vigila", otro que identifica al órgano fiscalizador (Policía caminera), un tercero con la velocidad permitida y un último que marca la presencia del equipo. Señaló además que la cartelería debe colocarse a más de 900 metros, ser reflectiva y cumplir normas.
Diarionorte.com
Jueves, 30 de octubre de 2025
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