Através del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de tres décadas la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina. La medida implica la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles, matrículas y cuotas que cobran los colegios privados, y marca un cambio en la estructura de supervisión que se mantenía desde los años noventa.

Con la nueva disposición, los establecimientos educativos privados ya no estarán obligados a comunicar anticipadamente los valores de las cuotas ni a solicitar autorización previa al Estado para realizar modificaciones en los montos. El decreto sostiene que la normativa anterior "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".

Según los fundamentos oficiales, el sistema derogado fue diseñado en un contexto en el que el Gobierno nacional administraba directamente la educación. Con la transferencia de competencias educativas a las provincias, el Ejecutivo considera necesario actualizar el marco normativo para adecuarlo a la estructura federal actual y "favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada".

El texto remarca que el objetivo es "garantizar la sostenibilidad de la labor educativa" y al mismo tiempo "resguardar el derecho a la educación de calidad".

Argumentos del Ejecutivo
Entre los principales fundamentos, el Gobierno plantea que la intervención estatal en la fijación de aranceles generó "efectos contraproducentes" para el funcionamiento y la viabilidad económica de las instituciones. En particular, señala que la obligación de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación impidió que las escuelas privadas pudieran ajustar sus precios en función de los costos operativos y la evolución del mercado.

De acuerdo con el decreto, este mecanismo "restringe la capacidad de adaptación" de los colegios ante la inflación o los cambios en los costos laborales y de servicios. Además, el texto argumenta que el sistema vigente "impacta también en las familias", ya que los establecimientos se ven obligados a fijar precios más altos desde el inicio del ciclo lectivo para anticiparse a eventuales incrementos no aprobados por la autoridad competente.

El Gobierno interpreta que esta dinámica "limita la capacidad de las familias para elegir" y, en algunos casos, las obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones.


Libertad para definir precios y condiciones
Otro de los puntos destacados del decreto refiere al derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados. El texto sostiene que estos establecimientos "deberían poder fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal".

Desde la visión oficial, la previsibilidad impuesta por el sistema anterior generaba rigidez tarifaria, lo que podía derivar en un deterioro de la prestación educativa. Según el documento, los institutos que no podían modificar sus aranceles frente al aumento de los costos de insumos o salarios enfrentaban dificultades para mantener la estructura operativa sin recurrir a ajustes de emergencia o reducción de gastos.

En esa línea, el Ejecutivo argumenta que otorgar mayor flexibilidad en la administración de recursos permitirá a los establecimientos privados responder de manera más dinámica a las condiciones económicas, al tiempo que promueve la competencia entre instituciones.

Revisión del marco normativo general
El Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991, considerado la norma base del sistema de financiamiento de la educación privada en el país.

El objetivo de esta revisión será elaborar una propuesta de modificación integral del marco regulatorio, que permita avanzar hacia un esquema basado en el principio de libre contratación. Según el texto, se busca "permitir a las instituciones educativas definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado".

Esta actualización normativa, según el Gobierno, apunta a armonizar las reglas vigentes con el modelo de descentralización educativa y con la situación económica actual del sector.


Contexto y alcance de la medida
El Decreto 2417/1993 había sido implementado en un período en el que el Ministerio de Educación nacional centralizaba la supervisión del sistema educativo. Con el tiempo, las competencias sobre la educación de gestión privada fueron transferidas a las jurisdicciones provinciales, lo que llevó a la coexistencia de distintos criterios de control sobre los aranceles y las cuotas.

En ese marco, el Ejecutivo plantea que la derogación del decreto busca uniformar criterios y eliminar requisitos considerados "obsoletos", al dejar en manos de las provincias la fiscalización de los institutos de su territorio.

La nueva disposición se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en distintos sectores regulados, con el propósito de reducir la intervención estatal en la fijación de precios y promover esquemas de competencia.

En el caso del sistema educativo, la medida podría implicar que cada provincia defina sus propios mecanismos de supervisión, mientras que las instituciones privadas tendrán la posibilidad de ajustar sus tarifas de manera autónoma, de acuerdo con sus costos y estructura.

Próximos pasos
Con la publicación del Decreto 787/2025, el Ministerio de Capital Humano deberá presentar una propuesta de actualización del Decreto 2542/1991, que establezca un nuevo marco de referencia para la relación entre el Estado y los establecimientos de educación privada.

Hasta que ese proceso se complete, los colegios privados quedarán sujetos a la normativa provincial vigente en cada jurisdicción, sin la obligación de solicitar autorización nacional para modificar sus aranceles.

La derogación del decreto de 1993 marca así el fin de un régimen de control estatal que se mantuvo durante más de treinta años, y abre paso a una etapa de revisión normativa orientada a redefinir el vínculo entre el Estado y el sector educativo privado en Argentina.



FUENTE: IPROFESIONAL