La informalidad laboral es una de las principales deudas de la economía argentina: según el último dato del INDEC, el 43,2% de los trabajadores se desempeña sin aportes ni cobertura social. Es la cifra más alta desde 2008 y refleja que seis de cada diez jóvenes, y tres de cada diez adultos, no están registrados. En ese contexto, el Gobierno impulsa una reforma laboral para reducir la informalidad y dinamizar la creación de empleo en blanco.

Lejos de implicar un "retroceso" en materia de derechos, la flexibilización apunta a incentivar la generación de puestos sostenibles. El desafío es enorme, pero necesario para impulsar el crecimiento económico.

La débil capacidad del mercado de trabajo argentino para generar puestos registrados, incluso en períodos de expansión, responde a factores estructurales. Entre ellos, la alta presión impositiva: Argentina se ubica entre los tres países con mayor carga tributaria sobre el empleo. Los aportes personales y contribuciones patronales representan el 34,6% del costo laboral total, frente al 21,6% promedio en la OCDE. En otras palabras, emplear en blanco cuesta casi un 60% más que en las economías desarrolladas.

Este diferencial, sumado a la falta de previsibilidad regulatoria y los costos de la conflictividad entre partes, desalienta la contratación formal y empuja a las pymes, principales generadoras de trabajo, a operar en la informalidad o bajo esquemas más flexibles. La consecuencia es un mercado dual: una minoría registrada sostiene al resto de la economía, con efectos negativos sobre la productividad, los ingresos y la estabilidad del sistema.

Las desigualdades regionales profundizan el problema. Mientras la Patagonia presenta las tasas más bajas de trabajo en negro, en el Noroeste y Noreste los niveles superan el 48%. A nivel sectorial, los más castigados son construcción y trabajo doméstico, donde tres de cada cuatro ocupados carecen de aportes.

Impacto en el sistema previsional
El incremento en la cantidad de monotributistas es un reflejo de la informalidad "encubierta". En los últimos 13 años, esta categoría creció un 65%, frente a un aumento de apenas 3% en el empleo privado registrado. De los 2 millones de nuevos puestos formales generados en ese período, el 85% corresponde al sector público y al monotributo, y solo el 9% al privado.

Esa composición no solo presiona las finanzas del sistema previsional, sino que también muestra una tendencia preocupante: la creación de puestos de trabajo se concentra en modalidades más precarias o de menor aporte contributivo: se necesitan 27 monotributistas para igualar los aportes de un trabajador en relación de dependencia y los ingresos de los registrados cubren apenas el 70% de los gastos jubilatorios.


La combinación de baja productividad, alta carga fiscal y las brechas regionales conforma el núcleo del problema estructural. Resolverlo requiere no solo una reforma legal, sino un cambio en los incentivos económicos que permita a las empresas crecer y contratar en blanco sin que eso implique un sobrecosto insostenible para las empresas ni pérdida de competitividad.

La creación de empleo formal, además de verse limitada por los factores estructurales mencionados, depende también del ritmo al que crece la economía y de la intensidad con la que ese crecimiento se traduce en nuevos puestos. Esto último se conoce como elasticidad empleo–PIB.

En economías como la argentina, la sensibilidad de la ocupación registrada al producto es baja en el corto plazo, pero en el largo plazo el trabajo se vuelve más procíclico: cuando la actividad se expande de manera sostenida, la contratación se acelera y la relación entre crecimiento y trabajo se refuerza.

Un ejemplo práctico para ilustrarlo es el siguiente: si la economía creciera 4% el primer año, 3,5% el segundo y 3% los tres siguientes, con una elasticidad que pasa de 0,4 a 0,75, se crearían más de 1,1 millones de nuevos puestos registrados en cinco años. En los primeros años la respuesta sería moderada (1,2–1,6% anual), pero al consolidarse la expansión, la generación de empleo podría duplicarse.


Los sectores que podrían generar puestos de trabajo genuinos
Este comportamiento demuestra que la reforma necesita ser acompañada por crecimiento sostenido para mostrar resultados reales. Incluso con una expansión moderada, la economía argentina podría volver a crear ocupación en blanco de manera consistente.

El éxito de la modernización laboral dependerá, en última instancia, del aporte que hagan los distintos sectores para aumentar el trabajo en blanco. Construcción, agroindustria, energía, economía del conocimiento e industria manufacturera podrían generar, con los incentivos adecuados, hasta 250.000 nuevos puestos registrados por año.


En definitiva, la reforma laboral debe entenderse como una herramienta que facilite la inversión y la formalización, no como un fin político ni como un retroceso en derechos.

En la articulación entre reforma, crecimiento y empleo se juega la posibilidad de una transformación estructural capaz de reconstruir los cimientos del trabajo formal y proyectar una Argentina más próspera.