La propuesta surge como respuesta a la creciente comercialización de productos ingresados de contrabando a través de plataformas virtuales, una práctica que debilita la producción interna y pone en riesgo miles de empleos genuinos.

Según explicó Michel, quien estuvo a cargo de Aduana durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, la normativa actual de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no sigue el ritmo de los cambios en las modalidades de consumo, lo que genera baches legales que facilitan la competencia desleal.

“Es necesario actualizar la ley a los efectos de evitar que la mercadería que ingresa de contrabando a nuestro país se comercialice a través de plataformas digitales bajo apariencia de legalidad”, sentenció el legislador.

Responsabilidad solidaria y trazabilidad

El núcleo del proyecto establece que las plataformas de comercio electrónico serán solidariamente responsables junto con los proveedores por los daños derivados de incumplimientos contractuales, defectos en los productos y, fundamentalmente, por la falta de pago de tributos o aranceles aduaneros.

Para asegurar la transparencia, las plataformas deberán exigir y verificar en cada publicación:

Identificación completa: Razón social, CUIT y domicilio legal del vendedor.
Documentación de importación: En el caso de bienes extranjeros nuevos, se deberá indicar el número de despacho de importación y la factura de compra original.
Sanciones severas: El incumplimiento de estas obligaciones facultará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a aplicar multas de entre una y cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
El impacto en el mercado laboral

Además, los diputados destacaron que esta medida no solo protege al consumidor, quien tendrá la garantía de comprar artículos legítimos sin costos adicionales, sino que funciona como un escudo para el empleo argentino: al frenar el ingreso de bienes que evaden controles, se evita la destrucción de valor en la industria local, que muchas veces no puede competir contra precios distorsionados por la informalidad y el contrabando.

La iniciativa otorgaría a la autoridad de aplicación la potestad de remover publicaciones que no cumplan con estos requisitos y de suspender las operaciones de las plataformas que reincidan en la falta de control.

Con este marco, Michel explicó que el proyecto, que fue fruto de la articulación con su par legislativa que además se desempeñó como ministra de Trabajo en el gobierno del Frente de Todos, busca ”reforzar los controles para proteger al entramado productivo formal, defendiendo de esta manera el empleo argentino”, concluyó el diputado.

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