La justicia prorrogó este jueves la cautelar que impide el corte del servicio de agua y cloacas a usuarios residenciales, por falta de pago. Se trata de una ampliación temporal de la demanda colectiva presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) junto a Consumidores Libre, luego de que a mediados de 2025, el Gobierno nacional publicara el decreto para avanzar con la privatización de la empresa prestadora AySa, que modificó las condiciones para habilitar la interrupción del suministro: desde el segundo vencimiento, en caso de una mora mínima de 60 días para los usuarios residenciales, y de 15 para los usuarios no residenciales.

“La morosidad en el pago de los servicios públicos se incrementó de manera significativa en los últimos meses, especialmente en el conurbano bonaerense. En ese escenario, permitir el corte de agua y cloacas implicaba dejar a miles de familias sin acceso a un servicio esencial”, explicaron desde la organización civil en defensa de los usuarios.

En la resolución adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, “no habiéndose modificado las causas que provocaron la cautelar por seis meses, se prorroga por tres meses más” la aplicación de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 publicado el 22 de julio del año pasado, que autoriza la baja de la prestación ante la acumulación de facturas impagas.

“Los argumentos de la jueza amparan a todos los usuarios del sistema de agua y cloacas, en un contexto donde las dificultades para cumplir con el pago de los servicios son cada vez más acuciantes”, aseguró a Página/12 Claudio Boada, titular de la UUyC.

Puntos destacados

La decisión judicial también dictó la protección para todos los inmuebles residenciales alcanzados; estableció una especial tutela para hogares donde viven niñas, niños o adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad; ordenó el restablecimiento inmediato del servicio en caso de haberse interrumpido, cuando se acrediten esas situaciones y determinó la vigencia de la medida por tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.

“La cautelar vencía el 13 de febrero. Los fundamentos de la prórroga -basada en que las circunstancias siguen en forma idéntica- permiten que la protección continúe mientras dure el proceso”, detalló Boada.

El caso pasó del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, al Juzgado Federal N° 12, que encabeza Macarena Marra Giménez. Ambos magistrados consideraron la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.

La privatización avanza

Desde el Ejecutivo, intentan que AySa se convierta en la primera empresa privatizada de la gestión. La Ley Bases funciona como facilitadora de la maniobra, en el marco de la emergencia pública. El cambio en más de 100 regulaciones, sin necesidad de tratamiento legislativo dejaron a la compañía proveedora de los servicios de saneamiento a tiro del mejor postor. Sin embargo, los inversores piden más: achique de personal y disminución de los retrasos en los pagos de las facturas. Durante la primera privatización del servicio, en los años 90´, los cortes por boletas impagas estaban prohibidos. Milei acelera y en el camino restringe derechos.

La operadora de agua y saneamiento del área metropolitana, en los dos años que van de la administración libertaria, recortó subsidios y aplicó aumentos de más del 300 por ciento en 2024, mientras que en 2025 fijó actualizaciones mensuales del 1 por ciento. Para este año, ya anunció incrementos del 4 por ciento entre enero y abril.

Los principales interesados en quedarse con AySa son los consorcios brasileños Sabespy Río+Saneamento; el grupo local Roggio y firmas francesas.

Lo esencial, invisible a Milei

“El acceso al agua potable y al saneamiento no es un privilegio: es un derecho humano básico, reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales. Autorizar cortes masivos en tiempos de crisis económica no sólo profundiza la desigualdad, sino que afecta directamente condiciones mínimas de salud, dignidad y vida”, advierte la UUyC.

La cautelar se dictó en el marco de la demanda colectiva iniciada por las entidades contra el Estado Nacional, cuestionando la validez de los artículos del DNU que habilitaban el cese del servicio. “Esta ampliación de la medida representa una noticia positiva en un panorama complejo para los derechos de usuarios y consumidores”, agregó la organización UUyC.