El anuncio fue realizado por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, quien detalló que ya hay “casi 800 decretos” en trámite y remarcó que el objetivo de la medida es reducir progresivamente la planta estatal y generar ahorro en las cuentas públicas.

El régimen, creado por la Ley 4200-H, está destinado a empleados de planta permanente de la administración pública provincial que cuenten con al menos diez años de aportes al Insssep. Según explicó Ferro, el retiro es “voluntario y móvil”, lo que implica que quienes adhieran seguirán percibiendo aumentos salariales proporcionales, aguinaldo y cobertura de obra social.



Además, indicó que el haber oscilará entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo de la edad y la antigüedad del trabajador. “Hay gente joven que evidentemente quiere emprender otra etapa, hacer otra actividad o dedicarse plenamente al comercio o a su profesión”, sostuvo.

La adhesión continuará realizándose de manera online mediante la plataforma oficial “Tu Gobierno Digital”. Allí, los interesados pueden efectuar una simulación previa para conocer cuánto cobrarían en caso de adherirse al retiro voluntario. Luego de esa preliquidación, deberán completar la solicitud formal y adjuntar la documentación requerida ante el área de Recursos Humanos correspondiente. “Los interesados pueden entrar y previsualizar cuál sería el importe que van a cobrar conforme a la antigüedad, los aportes y la edad”, explicó Ferro.

La reglamentación también establece exclusiones específicas. No podrán acceder al régimen docentes, efectivos policiales ni profesionales del sistema sanitario debido a que poseen regímenes especiales de retiro. Tampoco podrán adherirse agentes sometidos a sumarios administrativos o causas penales, trabajadores considerados esenciales por sus organismos, empleados que ya hayan presentado su renuncia ni personas que se encuentren en condiciones de jubilarse. Además, el decreto prevé que los cargos liberados puedan ser eliminados posteriormente de la estructura estatal.

Ferro defendió la medida al afirmar que permitirá “descomprimir la cantidad de empleo público” y reducir el peso de la masa salarial sobre las finanzas provinciales. “Si una persona se retira con el 60% o el 70% del sueldo, el Estado ahorra el porcentaje restante”, señaló.

En ese sentido, cuestionó las políticas de incorporación masiva de personal a la administración pública realizadas durante distintos gobiernos y advirtió que gran parte de los recursos coparticipables terminan destinados al pago de salarios. “Muchas veces eso condiciona inversiones en infraestructura, salud, seguridad o educación”, concluyó.