Mundo Cierran causas de la dictadura y el MPP quiere llevar a juicio a la Corte  El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de una ley que permitía juzgar violaciones a los DD.HH.
"La mayoría de la SCJ (Suprema Corte de Justicia) es responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, afirmó ayer en un comunicado el Movimiento de Participación Popular (MPP), la agrupación política del presidente uruguayo José "Pepe" Mujica.
El MPP enviaba estas declaraciones horas después que se conociese el veredicto del tribunal máximo, que declaró inconstitucional parte de una normativa promulgada por el Congreso en octubre de 2011, dos años después que el oficialismo perdiera el segundo plebiscito para anular la "Ley de caducidad", aprobada en 1986 por Julio María Sanguinetti, el primer presidente uruguayo tras el restablecimiento de la democracia.
El fallo declara inconstitucionales los dos primeros artículos de la ley 18.831, que restablecieron el "pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985", considerados de lesa humanidad.
El comunicado agrega que la Corte Suprema se convierte con esta decisión en "un obstáculo en el camino de la búsqueda de Verdad y Justicia legítimamente reclamado”, y que el MPP recorrerá "los caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad políticas de la SCJ en las decisiones adopatadas".
La propia Lucía Topolansky, esposa de Mujica y senadora por el MPP, fue más explícita en conferencia de prensa al decir que su formación política analiza la posibilidad de iniciarle un juicio político a la Corte, pese a que el Frente Amplio necesitaría mayorías especiales en ambas cámaras para poder llevarlo adelante, algo que al juzgar por las primeras reacciones de los legisladores de la oposición, no será fácil de obtener.
El líder opositor Jorge Larrañaga dijo al matutino El Observador que promover un juicio político sería "una gran equivocación" y que lo que correspondía era"respetar el fallo de manera absoluta", ya que el SCJ es "el órgano competente".
Además, en una nota enviada por Alianza Nacional, el sector liderado por Larrañaga llamó al presidente Mujica, al ex mandatario Tabaré Vázquez, así como a los otros sectores del Frente Amplio a pronunciarse "sobre esta grave situación instucional y si comparten o no las presiones sobre el Poder Judicial".
Fuente: Infobae
Sábado, 23 de febrero de 2013
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