Brasil El Tribunal Electoral brasileño aprobó investigar los gastos de campaña de Dilma Rousseff 
La decisión supone nuevos problemas para la administración de Rousseff, jaqueada por su baja popularidad y las denuncias de maniobras ilegales en la estatal Petrobras.
En febrero pasado, la jueza Maria Thereza de Assis Moura archivó la investigación al entender que no había pruebas suficientes para continuar con el proceso, pero anoche el TSE volvió a abrir el caso y decidió darle continuidad a la investigación tras un recurso presentado por el candidato que perdió con Rousseff en las pasadas elecciones, Aécio Neves, quien también fue involucrado por un testigo en el caso Petrobras,
La decisión supone nuevos problemas para Rousseff y se alimentó con una polémica declaración del juez Gilmar Mendes, del TSE, que advirtió que “la corrupción está en el ADN” del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefe de Estado son señaladas por la oposición como posible justificativo para intentar abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria, intento que hasta el momento ha fracasado.
La reapertura de la investigación se decidió anoche cuando cuatro de los siete miembros del TSE votaron por la continuidad de las investigaciones durante una sesión en la que hubo un debate por momentos acalorado, según trascendió a la prensa.
La primera presentación del PSDB había sido archivada pero el caso fue reactivado la semana pasada a pedido del ministro Mendes, para quien hay indicios de que el comité de campaña petista pudo haber recibido dinero del sistema de corrupción en torno de Petrobras conocido como "Petrolao".
La sospecha se apoya en la contratación, por parte del comité del PT, de una empresa de San Pablo aparentemente inexistente o "fantasma", con la que se habrían simulado gastos inexistentes.
La idea es que la Fiscalía investigue posibles irregularidades en los pagos a esa empresa, que recibió 1,6 millones de reales (unos 444.400 dólares) de la campaña. Mendes alegó que la empresa en cuestión fue creada dos meses antes de las presidenciales y que no explicó en su documentación los servicios que prestó.
Voceros de la empresa Embalac, controladora de la firma cuestionada, informaron que abrieron una microempresa antes de las elecciones para poder ofrecer servicios contratados por la campaña electoral de Rousseff sin superar el techo de la facturación que les permite obtener beneficios fiscales como pequeña empresa.
La Embalac, que produce materiales publicitarios como banderas y pancartas, alegó que el procedimiento es legal y que su único objetivo fue reducir el pago de impuestos, además, desde el PT sostienen que todas las donaciones que el partido recibió fueron realizadas estrictamente dentro de los parámetros legales y posteriormente declaradas ante la Justicia Electoral.
Mientras, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, dirigente del PSDB manifestó su preocupación "ante la falta de liderazgo" que causa un vacío de poder para enfrentar las crisis política y económica.
"En los próximos meses vamos a asistir a una gran inestabilidad política", pronosticó Cardoso, quien la semana pasada había recomendado la renuncia de Rousseff luego de una marcha que exigió su salida.
Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político para poder destituir a Rousseff carecen de argumentos jurídicos para ello y esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificativa en su proceso.
Mendes también solicitó recientemente que la Fiscalía investigue denuncias según las cuales la campaña electoral de la mandataria recibió recursos de la red de corrupción que desvió cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras en la última década, según los cálculos de la propia empresa.
En este marco, ayer en una declaración dentro de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre el caso Petrobras, Alberto Youssef cambista detenido que tomó el recurso de delación premiada, por el que brinda información la Justicia a cambio de un reducción en su pena, indicó que Aécio Neves y el fallecido miembro del PSDB, Sergio Guerra, recibieron propinas ilegales de Petrobras y Furnas, empresa subsidiaria de Electrobras, involucrada también en el operativo Lava Jato.
Tras las declaraciones en el Congreso, el PSDB emitió una nota en la que asegura que las “referencias hacia el senador Neves carecen de cualquier elemento que pueda mínimanemte confirmarlas”.
Fuente: Télam
Miércoles, 26 de agosto de 2015
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