Venezuela Maduro recluta a 40.000 nuevos militares y aceleran la destitución de la fiscal general 
Los nuevos efectivos son para las fuerzas a cargo de la represión de las protestas callejeras que se registran desde principios de abril, mientras el Tribunal Supremo de Justicia procesará a Luisa Ortega Díaz.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la incorporación "inmediata" de 40.000 nuevos efectivos para las fuerzas a cargo de la represión de las protestas callejeras que se registran desde principios de abril, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió iniciar un proceso destinado a quitar los fueros, para poder procesarla, a la fiscal general, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz.
"Se incorporarán 40.000 jóvenes para la seguridad ciudadana", dijo Maduro en un discurso transmitido por la cadena nacional de radio y televisión, y detalló que serán "20.000 para la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y 20.000 para la GNB (Guardia Nacional Bolivariana, policía militar)".
La GNB y la PNB están a cargo de la represión de las manifestaciones de protesta que vienen ocurriendo casi cotidianamente desde principios de abril pasado, y para esa tarea utilizan vehículos blindados y lanzadores de chorros de agua, así como balas de goma y bombas de gas lacrimógeno.
La oposición acusa a esas fuerzas de ser las responsables de la mayoría de las 75 muertes violentas registradas en el contexto de esas protestas, en el que también hubo más de 1.300 heridos.
Paralelamente, el jefe del Estado informó que dispuso el reemplazo de los comandantes de las cinco fuerzas armadas del país, y le recortó funciones al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
A Padrino le fue quitada la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB, fuerzas armadas), que quedó en manos del hasta ahora subjefe, almirante Remigio Ceballos.
Los jefes salientes del Ejército y la Armada, general Juan García Toussaint y almirante Orlando Maneiro, fueron designados como ministros de Transporte y de Pesca, respectivamente.
En cambio, de los demás comandantes reemplazados -entre ellos el polémico jefe de la GNB, general Antonio Benavides- dijo Maduro que "en los próximos días" tendrán "nuevas responsabilidades", que no detalló.
Los cambios en la cúpula castrense tuvieron lugar en medio de cuestionamientos cruzados entre diversos sectores del oficialismo, que en algunos casos critican la represión de las protestas contra el gobierno y en otros deploran el llamado de Maduro a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.
El líder opositor Henrique Capriles opinó que la remoción de Benavides fue un triunfo para el sector del que forma parte el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, también un alto oficial de la GNB e investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
"Y se impuso Reverol a Benavides en GNB", escribió Capriles en su cuenta de Twitter, y agregó: "Así paga el diablo a quien bien le sirve. Maduro corre anunciando cambios FANB, pero descontento crece".
Desde el comienzo de las protestas, varios oficiales de la GNB fueron detenidos en diversos momentos por las propias autoridades de la fuerza o por decisión judicial, a raíz de denuncias de presunta violación de derechos humanos en la represión de protestas.
Paralelamente, diversas versiones no confirmadas oficialmente señalaron la supuesta detención de otros oficiales por negarse a reprimir las manifestaciones o criticar la política del gobierno con respecto a las protestas y a la convocatoria a la asamblea constituyente.
A comienzos de mayo, Capriles afirmó que 85 oficiales de varias fuerzas armadas estaban recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Caracas. "Todo por haber manifestado descontento; tendrán que detener a todo el país", dijo entonces en Twitter el ex candidato presidencial opositor.
Mientras tanto, el TSJ admitió la solicitud de antejuicio de mérito a la fiscal general Ortega Díaz, interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño.
El antejuicio de mérito -proceso en el que el TSJ decide si es pertinente quitarle los fueros a un funcionario para que pueda ser sometido a juicio- podría significar el cese temporal de Ortega Díaz en el cargo.
En los últimos tres meses, Ortega Díaz criticó duramente fallos del TSJ, la represión de las protestas y la convocatoria a la constituyente.
Además, interpuso varios recursos contra la permanencia de numerosos jueces de la máxima corte. "Hasta mi último aliento defenderé la Constitución Nacional", dijo ayer Ortega Díaz.
Este mediodía, el Ministerio Público denunció en su cuenta de Twitter que su sede principal "y los funcionarios que allí laboran" estaban "bajo el asedio y agresiones de grupos violentos", que el diario caraqueño El Nacional identificó como "grupos oficialistas".
Fuente: Télam
Martes, 20 de junio de 2017
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