Economía El Gobierno busca un acuerdo rápido y “sin ajuste” con el FMI  El Gobierno pisó el acelerador en busca de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo antes posible ya que las reservas están al límite.
El Gobierno pisó el acelerador en busca de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo antes posible, ya que las reservas se agotarán antes de marzo. En ese marco, la intención oficial es un acuerdo que no implique un “ajuste” tradicional que ponga en peligro la recuperación mientras que el organismo busca definir un sendero concreto que de “previsibilidad”.
Con el objetivo de pulir las diferencias con el FMI, el Gobierno envió este sábado a Washington una misión encabezada por el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. De la misma forman parte el viceministro de Economía, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. Por el BCRA, viajaron Jorge Carrera y Germán Feldman.
Los funcionarios no están en Estados Unidos para cerrar un acuerdo, sino para delinear los trazos más gruesos de un futuro entendimiento con el organismo.
Los mismos deberían estar listos antes del 15 de diciembre próximo, fecha en la que el ministro de Economía Martín Guzmán espera enviar al Congreso el “Plan Económico Plurianual”, tal como manifestaron fuentes oficiales ante El Economista.
Arribar a un entendimiento preliminar con el organismo multilateral será sólo el primer paso. Además de las trabas burocráticas, el Gobierno deberá llevar a votación en el Congreso el “Plan Plurianual” con el acuerdo con el FMI. Eso se dará con una composición en la que el oficialismo deberá tener sí o sí consensos con la oposición.
Ante la consulta de El Economista, un diputado del PRO dijo: “Nosotros tenemos que votar el Presupuesto o un acuerdo con el FMI. Un Plan Plurianual no es ni una cosa, ni la otra. Nos sentaremos a discutir de forma responsable cuando se nos cite a debatir un acuerdo”.
Contrarreloj
Un informe de la consultora ACM repasó el marco “contrarreloj” en el que se están dando las negociaciones con el FMI. El presidente del BCRA y Guzmán serán quienes podrán “el gancho” a un acuerdo por los US$ 45.000 millones desembolsados entre 2018 y 2019 bajo la gestión de Mauricio Macri.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, descartó de plano el pasado viernes un acuerdo rápido por la deuda. “Todavía queda mucho por hacer”, sostuvo la funcionaria. Quienes más entienden de estos procesos coinciden en que faltan muchos pasos burocráticos que imposibilitarían una firma antes de la navidad y que la llevarían entre enero y febrero.
De todas formas, Georgieva también aclaró que el futuro programa de facilidades extendidas será delineado por las autoridades del Gobierno, algo que siempre se ha dicho en situaciones similares, aunque es inevitable pensar que no habrá condicionamientos por parte del FMI.
El trabajo de ACM destacó que las reservas netas del BCRA medidas bajo la metodología del FMI cerraron noviembre en torno a los US$ 4.637 millones, mientras que los vencimientos en moneda extranjera hasta el 22 de marzo de 2022 (inclusive) totalizan US$ 6.761 millones.
También aclararon que para el 31 de marzo caería el vencimiento con el Club de París por US$ 2.000 millones. En este sentido, el trabajo afirmó que en el escenario más optimista “se llegaría al vencimiento del 22 de marzo sin reservas netas suficientes para hacer frente al desembolso (aun incluyendo el oro)”.
El gasto
El Frente de Todos se “alineó” bajo la premisa de que un acuerdo no deberá implicar un ajuste que condicione la recuperación económica, que este año llegaría al nada despreciable 10% luego de tres años consecutivos de recesión y uno de pandemia. Jugada entendible por parte de un oficialismo que viene de perder las elecciones de medio término y al que un freno a la recuperación podría redundar en un empeoramiento de la ya delicada situación social de cara a las elecciones de 2023.
Existen algunas partidas en las que el Gobierno no quiere ceder en tocar. Una de ellas es el gasto en infraestructura, que este año duplicó a los anteriores al alcanzar el 2,2% del PIB. En el proyecto de Presupuesto 2022 esperan llevarlo a 2,4% del PIB pensando en el “efecto multiplicador” de ese gasto en toda la economía.
Por otro lado, el FMI suele centrarse en una reducción del déficit fiscal que implique generar una pronta capacidad de pago y una acumulación de reservas con el mismo fin. Sin ajuste, sólo se puede generar esos recursos con mayor crecimiento, más impuestos o más inflación que funcione para licuar el gasto. Este último punto se vio claramente durante este año.
La consultora Ecolatina proyectó en su último informe que el déficit primario en 2021 sería de 3,3% del PIB. La mejora contra 2020 es significativa, de 3,1 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que el rojo primario alcanzó en aquel momento el nivel más elevado de los últimos 37 años debido a los desembolsos para paliar los efectos de la primera ola del Covid-19.
De todas formas, la mejora en el gasto primario se explicó por factores que no estarían presentes a partir de 2022. Entre ellos se puede destacar una mayor inflación que licuó el gasto, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, mayor ingresos de divisas por precios récord de las materias primas, entre otros.
De esta manera, “el cuadro de la política fiscal para 2022 luce desafiante: la mejora en 2021 fue significativa, pero apuntalada por efectos que no estarán en 2022. Esto deja un déficit inercial mayor al registrado este año, pero lo más preocupante es que si bien luce manejable, existen espacios acotados para actuar”, apuntó la consultora.
Ese análisis no resulta positivo en el marco de las negociaciones con un FMI que espera un rojo primario del 2,5% del PIB para 2022, muy por debajo del 3,3% que proyectó el Ministerio de Economía. Un consenso dentro de la coalición gobernante es que habrá una reducción del gasto por el lado de los subsidios a las tarifas de energía que en 2021 representarían cerca de US$ 10.000 millones. El mecanismo a utilizar será el de la segmentación, aunque todavía no hay detalles de una medida muy difícil de aplicar.
Un trabajo de los especialistas del IAE, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, estimó que para el año que viene los subsidios económicos rondarán entre US$ 11.300 millones o US$ 15.600 millones. Los subsidios a las tarifas de energía serían una gran parte de esas erogaciones y su magnitud dependerá, entre varios factores, de un acuerdo con el FMI.
Calmar los mercados
Otro de los puntos que dejó trascender el Gobierno fue la fecha en la que esperan comenzar a pagar los US$ 45.000 millones. En su visita a la CGT el jueves, Guzmán comentó que en 2026 empezarán los pagos. Otra aclaración que hizo el titular del Palacio de Hacienda fue que el organismo no pidió reforma laboral, aunque podrían haber reformas previsionales en el largo plazo.
"Cuando uno mira los números, está muy claro que tanto el FMI como Argentina tienen que llegar a un acuerdo porque todo lo que se tiene que pagar en el 2022 y en el 2023 (US$ 19.000 millones por año) no se puede pagar”, consideró el director de AdCap Securities, Javier Timerman.
“Del lado de los inversores y de muchos observadores, se preguntan por qué no se llegó un acuerdo hasta ahora y es muy difícil contestar esa pregunta, entonces hay desconfianza y se traduce en que para los inversores, para aquellos que están mirando los mercados y viendo si invertir o no, no los satisface la expectativa de un acuerdo, quieren ver un acuerdo. Queda todo muy en suspenso y cada uno de estos retrasos, especialmente cuando se hacen comentarios respecto de que estamos cerca, crean incluso más desconfianza", advirtió.
Respecto a la posibilidad de un acuerdo, Timerman estimó que “habrá acuerdo”. Sin embargo, mencionó que “hay ciertos comentarios que no ayudan como por ejemplo que el Presidente dijo que el FMI se tenía que arrepentir, y estos son comentarios desafortunados”. Se están desperdiciando balas, dijo.
Fuente: El Economista
Lunes, 6 de diciembre de 2021
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