La causa por la sanguinaria represión del 19 y 20 de diciembre llegará finalmente a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal del país será el encargado de determinar si el ex presidente Fernando de la Rúa supo o no supo, ordenó o no, pudo evitar y no lo hizo, la muerte de cinco manifestantes en aquellos tumultuosos días en los alrededores de la Plaza de Mayo. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Ricardo Weschler planteó un recurso extraordinario para que sea la principal instancia judicial del país la que resuelva qué grado de responsabilidad le cupo, si es que le cupo alguno, a De la Rúa. “Resulta inadmisible sostener que Fernando de la Rúa no conociera los acontecimientos que sucedieron luego de las 22:41 horas de aquel 19 de diciembre en que anunciara por cadena nacional el estado de sitio. La magnitud de las manifestaciones espontáneas por parte de la ciudadanía, denominados como ‘cacerolazos’, le imponían cuanto menos indagar sobre el desarrollo de las mismas y el consecuente despliegue policial”, escribió el fiscal, en una veintena de páginas en las que insistió en que el presidente fallido del gobierno de la Alianza no fue ajeno a la represión.
A principios de mayo, la Casación había ratificado el sobreseimiento del ex jefe de Estado, que para ese entonces había recorrido un larguísimo espinel judicial que insumió, en resumidas cuentas, más de una década. Pero ese fallo no fue unánime, y la disidencia que planteó el juez Mariano Borinsky contra la opinión mayoritaria de sus colegas Luis María Cabral y Raúl Madueño, estableció una brecha por la que ahora se coló la apelación. Aquel fallo tenía una evaluación esencialmente leguleya, ya que establecía que “no se ha acreditado la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara Nacional de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Pero el fiscal Weschler fue más allá de esas cuestiones y buscó llegar nuevamente al fondo de la cuestión. Apelando al sentido común, determinó que “desde los despachos de Casa de Gobierno se escuchaban las detonaciones” y para entonces ya existían las cadenas de canales de noticias, estaban en vilo todos los medios de comunicación y en la Casa Rosada se “encontraban los televisores encendidos”. En el expediente figura que cuando los funcionarios fueron a avisarle a De la Rúa que los acontecimientos se precipitaban, el entonces mandatario estaba durmiendo la siesta.
De la causa surge –y así lo destacó Weschler– que existía un fluido contacto entre el jefe del Estado y el titular de la SIDE, Carlos Becerra; el ministro del Interior, Ramón Mestre; el jefe de Gabinete, Cristian Colombo, y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov. “La existencia de funcionarios ineficaces, los informes disfrazados sobre los acontecimientos, la existencia de reuniones para mantenerse en el cargo, no justifican de ningún modo la desvinculación del máximo responsable de la situación generada, avalada por una intencionada miopía sobre los hechos”, definió el fiscal. En la causa, De la Rúa está sobreseído de los delitos de “homicidio y lesiones culposas” derivados de la represión. Ahora la Cámara de Casación deberá determinar si el recurso es “admisible”. Aun cuando lo rechace, al fiscal Weschler le queda abierta la vía del recurso directo, es decir que, de una u otra forma, la apelación llegará a la Corte. El máximo tribunal no tiene plazos establecidos para pronunciarse y el primer paso una vez que el expediente esté radicado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales (donde tienen sus despachos los jueces máximos) será darle vista a la Procuración General de la Nación para que opine. La titularidad de ese organismo está vacante desde la renuncia de Esteban Righi.


Fuente: Tiempo argentino