Según la presentación del fiscal Sabadini, a los tres se les atribuye “la realización de maniobras vinculadas al delito de Lavado de Activos, tras la obtención de fondos de origen ilícito y su puesta en circulación en el mercado, a partir de la adquisición de numerosos vehículos y moto-vehículos, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud”.

El delito de lavado de activos prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.

Para la acusación, como dirigente o referente social del Barrio Toba de Resistencia Vanesa López “obtendría mercaderías a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco para la distribución entre vecinos y posiblemente en localidades del interior de la provincia, habiéndose constatado la presunta desviación de mercaderías y su venta a terceros a partir de cuya actividad ilícita podría colegirse la obtención de importantes ganancias espurias”.


De acuerdo al requerimiento, la adquisición de numerosos vehículos automotores y motocicletas por parte de los imputados no condicen con sus perfiles laborales, fiscales y económicos como empleados públicos de la provincia del Chaco y tampoco realizan actividades económicas “que les permitan justificar las enormes erogaciones dinerarias para la adquisición de dichos vehículos”.

A nombre de López se constataron registradas una camioneta Dodge Ram, una VW Amarok, un Chevrolet Cruze y cinco motocicletas, en algunos casos la titularidad de los vehículos es compartida con su pareja Walter Liba, quién además tiene registrado a su nombre un VW Crossfox y un Citröen C3. Por su parte, Claudio Ojeda tiene registradas a su nombre dos camionetas Dodge Ram doble cabina.